El problema central del análisis que propone Salomón Kalmanovitz en una columna del El Espectador, publicada el 25 de mayo bajo el título “El crecimiento económico bajo Gustavo Petro”, no está en señalar que el crecimiento económico durante el gobierno de Gustavo Petro haya sido “pobre” -esa es su exageración-. Los datos que harían pensarlo existen y deben discutirse, eso no lo niego; pero el problema está en convertir esos datos en una prueba casi “moral” contra el progresismo de Petro, sin reconstruir el campo institucional, político y macroeconómico en el que ese “pobre” crecimiento se produjo. Para un autor de la talla de Kalmanovitz -a quienes todos los que hemos estudiado algo de la historia económica del país hermos leído-, que suele moverse en el horizonte del neoinstitucionalismo, la omisión es, a mi juicio, bastante grave, pues evalúa los resultados económicos como si las instituciones fueran un telón de fondo neutralizado, cuando justamente el neoinstitucionalismo nos enseña que los resultados económicos dependen de las reglas, de los actores, de los conflictos, de los incentivos, los bloqueos, las expectativas y, por supuesto, las correlaciones de fuerza presentes en todo sistema de poder. ¿Por qué reducir el panorama a los indicadores y, sobre todo, a la dirección presidencial del gobierno cuando sabemos que el gobierno de la política económica está sujeto a una dinámica correlacional, antagonística y compleja?

El primer dato ausente y que creo es el más importante es que el gobierno de Petro no se propuso administrar el modelo de desarrollo que heredamos de la república señorial. El PND de 2022-2026 fue formulado alrededor de cinco transformaciones: derecho humano a la alimentación, ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana, economía productiva para la vida y lucha contra el cambio climático, y convergencia regional. Junto a esto -que para un economista puede ser irrelevante, pero no para un politólogo-, el Departamento Nacional de Planeación presentó ese Plan como una hoja de ruta construida con más de 6.500 proposiciones y con insumos de más de 250.000 participantes en 51 Diálogos Regionales Vinculantes. Y en otra intervención institucional, el propio DNP habló explícitamente de un “cambio de paradigma” que pretendía superar la lógica sectorial del desarrollo tal y como se ha concebido hasta el momento. Esto no se puede sacar tan olímpicamente de la evaluación, a menos que se esté cayendo en un reduccionismo inaceptable.

Me parece que lo que he dicho hasta el momento cambia el sentido de la evaluación. Si un gobierno buscara alterar parcialmente las reglas del desarrollo económico -con la transición energética, la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma a la salud, la política de paz, la reindustrialización, el ordenamiento alrededor del agua, etc.-, entonces la estricta pregunta neoinstitucional no podría limitarse a saber cuánto creció el PIB. Las preguntas pertinentes -porque no podría ser sólo una- serían más bien estas: ¿qué costos de transición generó el intento de modificar el régimen de acumulación?, ¿qué actores bloquearon o ralentizaron esas reformas?, ¿qué instituciones facilitaron o impidieron la transformación?, ¿qué expectativas produjeron los gremios, los medios, las calificadoras, el Congreso, el Banco de la República y los inversionistas? Kalmanovitz borra esa arquitectura de conflicto -demasiado evidente tratándose de Colombia- y -lo digo con todo el respeto que merece la necesaria crítica de cualquier gran maestro- reemplaza el análisis institucional por una psicología vulgar de empresario asustado.

Ahora, vamos a los detalles. Primero, la comparación con Iván Duque requiere de mucha corrección, pues el crecimiento de Duque incluye el rebote estadístico posterior a la contracción pandémica, no a las virtudes de una política económica. Según las series del DANE, Colombia cayó -7,2 % en 2020, luego creció 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022, es decir, que una parte importante del promedio de Duque corresponde a una recuperación excepcional tras una caída excepcional, no a una expansión ordinaria del aparato productivo. Kalmanovitz mismo lo reconoce, pero no saca las consecuencias que debería sacar. Entonces, comparar ese ciclo con el período gubernamental presidido por Petro, sin separar el efecto rebote, la desaceleración pospandemia, la inflación heredada y la política monetaria contractiva es una operación analítica que es, estadísticamente, ahí sí, bastante “pobre”. ¿Síntoma de ideología? Es lo más seguro, ya que las capacidades del profe Kalmanovitz están0 muy por encima de eso.

Yo añadiría a lo anterior que los datos del período gubernamental de Petro muestran una trayectoria mucho más compleja que la “caricatura” que pinta Kalmanovitz. La economía creció 0,7% en 2023 y 1,7% en 2024, de acuerdo con el DANE. En el 2025, el crecimiento fue de 2,6%, con un aumento de la demanda final interna de 3,9%, del gasto de consumo final de 4,2%, de la formación bruta de capital de 2,1% y de las exportaciones de 1,8%. En el primer trimestre de 2026, el PIB creció 2,2% frente al mismo período de 2025, con aportes relevantes de la administración pública, de la defensa, la educación, la salud, el comercio, el transporte, alojamiento y servicios de comida. Eso no le da un éxito rotundo al actual gobierno, de acuerdo, pero tampoco autoriza a que un economista diga que la economía nacional fue paralizada por el discurso presidencial. Hay que decir que eso es una chambonada de kilo.

La inversión empresarial, que Kalmanovitz presenta como víctima directa del miedo producido por el discurso antagonístico de la presidencia, también necesita de más precisión, pues en 2023 la formación bruta de capital había caído en -16,0%; en 2024 creció 7,6%; en 2025 volvió a crecer 2,1%, aunque la formación bruta de capital fijo apenas si aumentó en un 1,3%. En el primer trimestre de 2026, la formación bruta de capital cayó 3,0% anual, pero creció 5,5% frente al trimestre inmediatamente anterior en la serie ajustada. Entonces, una interpretación verdaderamente honesta tendría que decirnos que la inversión sigue siendo débil y bastante fragmentada, con señales contradictorias según el período y el tipo de activo, y no lo otro, que se parece más a una columna de oposición que a un análisis de política económica (que debería ser más bien de economía política). ¿Acaso reducir ese comportamiento al hecho de que Petro “critica a los capitalistas” no es una consigna ideológica que evade la explicación político-económica?

La parte fiscal tampoco puede admitirse sin hacer sus debidas distinciones. Y es que es cierto que existe un deterioro fiscal bastante serio, ¿Quien podría negarlo? El Ministerio de Hacienda reportó para el 2025 un déficit total del Gobierno Nacional Central de -6,4% del PIB y un déficit primario de -3,5%. El mismo gobierno lo reconoce porque, además, MinHacienda señaló que los ingresos totales bajaron de un promedio de 17,1% del PIB entre 2022 y 2024 a 16,3% en 2025, mientras el gasto total pasó de 22,5% a 22,7%. El asunto es que esos datos muestran algo que Kalmanovitz simplifica sin justificación alguna: que el problema no está sólo en “gastar a raudales”, sino en una combinación compleja y problemática que vincula la baja capacidad estructural en el recaudo con menores ingresos de capital, inflexibilidades presupuestales, gasto social y presiones de la deuda. O sea, si uno va a decir la verdad no puede decirla a medias.

También es reimpreciso presentar la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional como si fuera una fuente ordinaria de financiación presupuestal barata que el gobierno dejó de usar por antiimperialismo. El FMI aprobó en abril de 2024 una Línea de Crédito Flexible por cerca de 8.100 millones de dólares, concebida como un instrumento precautorio frente a los riesgos externos, no como una caja corriente para atender el gasto público. Y, posteriormente, las mismas autoridades colombianas decidieron cancelarla después de que el acceso a sus recursos quedara suspendido desde el 26 de abril de 2025, y el Banco de la República señalara que la posición de liquidez internacional era adecuada, con reservas internacionales de 65.500 millones de dólares. Ahora, estoy de acuerdo que en ese debate puede criticarse todo lo que se dice, pero requiere más rigor, profesor Kalmanovitz, pues la Línea de Crédito Flexible no era equivalente a sustituir todo el endeudamiento privado interno por un préstamo multilateral barato de libre disposición, sino que tenía un propósito muy distinto.

Ahora, la afirmación más ideológica que encuentro en el breve texto de Kalmanovitz es la contraposición entre el gasto público clientelar y la inversión privada productiva. En esa imagen -tosca como todo particularismo tecnocrático-, el gasto estatal produciría votos y adhesiones, mientras la inversión privada produciría bienes, fábricas y empleo. Pero esa oposición se cae cuando se mira la composición real del Presupuesto General de la Nación. Para 2025, el presupuesto ascendió a 523 billones: 327,9 billones correspondían a funcionamiento, 82,5 billones a inversión y 112,6 billones al servicio de la deuda. Además, el propio MinHacienda precisó que el 75% del gasto de funcionamiento correspondía a transferencias, no a burocracia: Sistema General de Participaciones, pensiones, aseguramiento en salud, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y otros compromisos legales. En cifras concretas -que a nuestro “maestro” se le olvidan-, el presupuesto incluía 82 billones para el Sistema General de Participaciones, 66 billones para pensiones, 42 billones para aseguramiento en salud, 79 billones para educación, 67 billones para salud y 53 billones para el sector trabajo, en buena medida asociado al pago de pensiones. O sea que no estamos hablando de una bolsa clientelar, sino de varios compromisos constitucionales, sociales y laborales que sostienen las capacidades públicas, sociales y de derechos efectivamente existentes.

Incluso si se aceptara la preocupación por el déficit fiscal, el propio ámbito fiscal muestra que el debate no puede separarse de la estructura institucional colombiana. ¿Por qué? Porque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal estimó que en 2025 los ingresos tributarios serían 14,8% del PIB y que la inversión del Gobierno Nacional Central podría ubicarse en 2,9% del PIB, el máximo desde 2015, aunque dentro del techo legal del Presupuesto General de la Nación. En otras palabras, el conflicto por el presupuesto -que es un acierto en los análisis de Gómez Buendía (que no es petrolover)- no gira solamente alrededor de la discusión estúpida sobre si debe haber “más Estado” o “menos Estado”, sino alrededor de qué tipo de Estado debe haber, con qué ingresos, con qué prioridades, con qué inflexibilidades y bajo qué régimen de desarrollo económico.

Pero la omisión que me resulta más reveladora en lo dicho por Kalmanovitz es enteramente política, no solamente económica. Si fuese fiel al análisis neoinstitucional tendría que reconocer que el gobierno de Petro intentó desplazar parcialmente el centro de gravedad del desarrollo económico desde la dependencia extractiva hacia la transición energética, desde la política social residual hacia los derechos sociales, desde la seguridad militarizada hacia la seguridad humana, desde la planeación sectorial hacia el ordenamiento territorial y la convergencia regional. Y ese desplazamiento no es una invención discursiva: en 2025, las exportaciones colombianas sumaron 50.199,9 millones de dólares FOB, pero todavía 19.190,1 millones provinieron de combustibles y productos de industrias extractivas, es decir, cerca del 38,2% del total; al mismo tiempo, ese rubro cayó 17,9%, con descensos de 17,0% en petróleo y derivados y de 31,0% en hulla, coque y briquetas. Ahí está, en cifras, la tensión material de la transición: Colombia sigue dependiendo de la renta fósil, pero esa renta se contrae y obliga a discutir otro patrón productivo. En el otro extremo, la transición energética tampoco es un puro relato: la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) reporta que el país pasó de cerca de 200 megavatios solares a más de 4.000 megavatios instalados, y que en 2025 la generación solar superó a la generación con carbón, con 4.473 gigavatios-hora frente a 3.564 gigavatios-hora. Además, el tablero del Plan 6GW+ registra 2.847,28 megavatios de capacidad instalada en operación y 1.520,05 megavatios en pruebas dentro de fuentes no convencionales de energía renovable.

Lo mismo ocurre con el paso de la política social residual hacia los derechos sociales. El Presupuesto General de la Nación de 2025 fue de 523 billones, con asignaciones de 79 billones para educación, 67 billones para salud, 61 billones para defensa y 53 billones para trabajo, este último asociado en buena parte al pago -hoy amenazado- de las pensiones. Es decir, no estamos ante un Estado que simplemente “gasta para comprar adhesiones”, sino ante una disputa por la composición del gasto público y por el tipo de capacidades sociales que el Estado debe reproducir. Incluso en resultados sociales, el DANE reportó que la pobreza multidimensional bajó de 11,5% en 2024 a 9,9% en 2025, una reducción de 1,6 puntos porcentuales. Imagino que eso no hace parte de la economía. ¿O si?

Y si hablamos de ordenamiento territorial, reforma agraria y convergencia regional, también hay datos que muestran que la disputa no es tan retórica y tan clientelar como se la quiere pintar: la Agencia Nacional de Tierras informó que el gobierno había formalizado 1,5 millones de hectáreas y que, además de la compra de 370.192 hectáreas para la Reforma Agraria, se habían recuperado 181.027 hectáreas, transferido 13.332 hectáreas desde la Sociedad de Activos Especiales y recibido 2.240 hectáreas en donación. Obviamente, todo el intento se encontró con las resistencias empresariales, mediáticas, parlamentarias, judiciales, tecnocráticas y financieras. Esto no equival a decir, por supuesto, que toda resistencia social sea una conspiración, pero sí hay que reconocer que las reformas estructurales modifican incentivos, afecta intereses y reorganiza las expectativas de sectores muy poderos de la sociedad que terminan oponiéndose a ellas. La reforma a la salud, por ejemplo, fue hundida en la Comisión Séptima del Senado con nueve votos contra cinco; la reforma laboral fue rechazada en comisión por ocho de catorce senadores antes de ser aprobada posteriormente, modificada y bajo una fuerte confrontación política; y el proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2026, radicado inicialmente por 557 billones, terminó sometido a una reducción de 10 billones en medio de la falta de apoyos en el Congreso.

Luego, se puede discutir con toda validez si el gobierno de Petro ejecutó bien o mal sus propias decisiones, si comunicó mal sus resultados, si sobredimensionó las reformas en las que ha insistido tanto, si perdió su capacidad para coordinar o si deterioró la confianza inversionista. ¿Pero dejando por fuera la cruenta disputa por las reglas mismas del juego? Eso equivale a hacer neoinstitucionalismo sin instituciones, pai. Una crítica más equilibrada al gobierno de Petro tendría que decir algo muy distinto como, por ejemplo, que el crecimiento fue bajo en los primeros años, que la inversión sigue siendo insuficiente, que la situación fiscal es preocupante y que la ejecución pública tuvo problemas reales y, al mismo tiempo, que el período debe evaluarse como un proceso de transición conflictiva, condicionada por la desaceleración pospandemia, por la política monetaria restrictiva, por la debilidad estructural del recaudo público, por las resistencias de los actores económicos dominantes y por la disputa que ha suscitado la intención gubernamental de cambiar el paradigma de desarrollo económico. Una interpretación así no absuelve al gobierno de tener que dar cuenta de sus errores o debilidades -a los progresistas no nos sirve el tapen-tapen-, pero previene a la opinión pública de que los reputados analistas terminen convirtiendo la economía política en una vulgar propaganda de gremio.