Itilla, Guaviare: la “razón de Estado” y los(as) hijos(as) de la guerra

El bombardeo del 10 de noviembre en Itilla (Calamar, Guaviare) contra el EMC dejó 20 muertos, entre ellos siete menores (la más joven, 13 años), según Medicina Legal. La defensa oficial -“salvar soldados” y no romper el principio de distinción- chocó con la Defensoría, la oposición y voces progresistas que denunciaron un quiebre ético: el “gobierno de la vida” justificando lo que antes condenaba.

 

 

Equipo de investigación -CIAM-

 

 

Un hecho desastroso

 

 

En la madrugada del lunes 10 de noviembre, en la vereda Itilla, ubicada en la zona rural del municipio de Calamar, departamento del Guaviare, las Fuerzas Militares colombianas ejecutaron una operación de apoyo aéreo cercano -un bombardeo- en contra de un campamento de las disidencias de las FARC pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC), estructura que se encuentra asociada al mando de alias “Iván Mordisco”. Según las reconstrucciones posteriores, el operativo buscaba frenar un ataque inminente por parte de este grupo armado ilegal y proteger a 20 soldados que, de acuerdo con las versiones oficiales, estaban expuestos a una emboscada en medio de la selva profunda.

 

 

El saldo inmediato fue presentado por el propio presidente Gustavo Petro como un golpe operativo. En efecto, el 11 de noviembre el mandatario anunció que se había realizado una ofensiva en el municipio de Calamar, haciendo referencia a la obtención de cierto número de “neutralizaciones” y tras ello se abrió una intensa discusión pública acerca de si entre las personas abatidas habían o no menores de edad. Este debate fue aceptado por el Gobierno Nacional reconociendo, desde el primer día, que era posible que las hubiera porque incluso se había informado del rescate de algunas personas menores en el marco del operativo realizado.

 

 

Luego, la confirmación llegó por la vía forense. De acuerdo con el reporte difundido por Medicina Legal, el Instituto recibió 20 cuerpos el 12 de noviembre en sus sedes de Villavicencio (Meta) y de San José del Guaviare (Guaviare), estableciendo que siete de esos cuerpos eran personas menores de edad (cuatro niñas y tres niños). En el debate público ello causó una conmoción inmediata, especialmente este dato: la víctima más joven tenía apenas 13 años de edad. Algunos medios masivos de comunicación, con base en fuentes y en contextualizaciones territorializadas, identificaron al menor con un nombre que terminó simbolizando el caso: Caren Smith Cubillos Mirana, niña de 13 años, criada en La Pedrera (Amazonas), lo que sugiere la existencia de un patrón acerca del traslado de personas menores de edad, desde zonas apartadas, hacia el teatro de operaciones comandado por el EMC.

 

 

Has ahí los hechos. Pero, ¿qué fue lo que vino después? Después vinieron los posicionamientos particulares, en un país que parece hablar en tres “idiomas morales” al mismo tiempo.

 

 

 

Múltiples reacciones

 

 

El Gobierno Nacional no eligió el silencio, no podía elegirlo, pues el presidente Gustavo Petro defendió públicamente que la operación adelantada no rompió con el principio de distinción en la medida en que -según su propia versión- “no había civiles en la zona” y se trataba de columnas armadas en operaciones de ofensiva. Además, el mandatario sostuvo que detener los bombardeos “invitaría” a los grupos armados ilegales a endurecer el reclutamiento de más niños, niñas y adolescentes con el propósito de blindar con mayor eficacia a sus mandos y a sus operaciones militares. El argumento presidencial consistió en señalar una tragedia inevitable cuyos hechos serían lamentables, sí, pero que -en su narrativa- eran preferibles, pues las fuerzas armadas del Estado colombiano no podían permitir, por inacción, la muerte de soldados que serían emboscados si la fuerza aérea no hubiese intervenido.

 

 

Por su parte, el Ministerio de Defensa produjo una frase-bisagra que endureció -en demasía- el debate público. El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez había sostenido, algunos días antes, que quien se involucrara en las hostilidades “perdería la protección”: una formulación que, por la manera en que fue recibida por distintos sectores de la opinión pública, terminó operando como un combustible semiótico para la intensificación del desacuerdo, en un país en el que la niñez que es reclutada por los grupos armados ilegales debe ser concebida -también y ante todo- como víctima de conflicto armado interno. Asimismo, el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, asumió una defensa frontal de la acción militar llevada a cabo por el gobierno. En una entrevista concedida a elpais.com explicó que la inteligencia “no puede saber qué edades” tiene cada integrante en la selva, y que cuando los grupos armados ilegales reclutan, entrenan y arman a personas menores de edad, esos menores “se convierten” en objetivo militar lícito, aunque sigan siendo víctimas del crimen de reclutamiento. Reconoció, a la vez, el plano más incómodo: “una cosa es lo moral y otra lo legal”.

 

 

Ese complejo y contradictorio encuadre entre la “legalidad operativa” y la “ceguedad etaria” en combates irregulares ha chocado con otro dato que hace mucho más áspera la discusión. Según información presentada en los portales de El Espectador, El País e Infobae, la operación se apoyó en una arquitectura amplia de inteligencia y de planeación que contó con múltiples informes, elaborados durante varios meses, lo que ha intensificado los interrogantes acerca de si el riesgo relativo a la presencia de personas menores de edad entre las filas de grupos armados ilegales es, en realidad, algo previsible o sí, por el contrario, no hay manera de determinarlo con seguridad.

 

 

La Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de su titular Iris Marín Ortiz, reaccionó ante la muerte de las personas menores reclutadas forzosamente en el bombardeo del Guaviare reafirmando que, conforme al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares”, y que las Fuerzas Militares deberían “adoptar todas las precauciones factibles para protegerlos, evitando el uso excesivo de la fuerza”. En su pronunciamiento, la Defensoría sostuvo que el principio de humanidad debe prevalecer incluso en medio de las hostilidades, subrayando que la presencia de personas menores de edad en campamentos de grupos armados impone un deber reforzado a la diligencia del Estado. Aunque reconoció que la responsabilidad originaria recae, ante todo, en los grupos que les reclutan -calificando el reclutamiento como un crimen de guerra-, enfatizó en que ello no exonera al Estado de tener que ajustar sus estrategias de combate para evitar daños que son previsibles y que afectan a una población protegida. En ese sentido, la Defensoría advirtió que si en estructuras armadas como las del EMC la presencia de niños, niñas y adolescentes es un patrón ya conocido, la obligación moral del Estado en su operatividad consiste en rediseñar las operaciones para que esa previsibilidad no se transforme en rutina de tragedias, incluso proponiendo la suspensión de los bombardeos en situaciones en las que se tenga conocimiento de que hay menores de edad reclutados(as).

 

 

La crisis humanitaria señalada por la defensoría terminó trasladándose desde la arena militar hacia la arena del control político, pues el 15 de noviembre la representante a la Cámara, Katherine Miranda, miembro del partido Alianza Verde en el ala de oposición, anunció públicamente que presentaría una moción de censura en contra del ministro de Defensa tras confirmarse la muerte de los(as) siete menores de edad. Dijo en su cuenta de X “presentaré el día martes moción de censura contra el ministro de Defensa Pedro Sánchez… Es mi deber, así nunca pase nada”. Esa promesa se formalizó el 18 de noviembre, cuando Miranda radicó en la Cámara la proposición sobre la moción de censura, un documento oficial en el que se indica que la solicitud estuvo dirigida contra el ministro, y se menciona como fundamento la muerte de los menores de edad en el Guaviare; pero además, se mencionan otros casos que elevan la cifra a 15 niños, niñas y adolescentes muertos(as) en operaciones militares entre el mes de agosto y el mes noviembre de este año, invocando como materia de la censura el incumplimiento de obligaciones constitucionales y de compromisos internacionales adquiridos en torno al DIH y en torno al deber de proteger a la niñez. Según lo reseñó El Tiempo, esta solicitud fue acompañada por 30 congresistas de distintas bancadas de oposición, y en el propio debate la promotora dejó constancia de que “no solamente es la muerte de 7 adolescentes, sino de 15 niños que van de agosto a diciembre”, pretendiendo mostrar que el caso del Guaviare debía ser interpretado como parte de un patrón acumulado de letalidad que pesa sobre las personas menores de edad que son reclutadas forzosamente. Luego, el hecho de que la moción sumara firmas transversales, incluyendo a congresistas de partidos que han respaldado parcialmente al Gobierno de Gustavo Petro, ha sido un hecho interpretado por varios analistas como una señal política de esto no se reduce a un ataque esgrimido desde la derecha, desde la oposición, pues la iniciativa pareciera reflejar una fractura real del consenso moral en el legislativo en torno a la política de seguridad adelantada por el llamado “Gobierno del Cambio”.

 

 

Una parte importante de la oposición -y también varias figuras del “centro”- fijó su atención crítica, precisamente, en la supuesta “incoherencia histórica” del mandatario Gustavo Petro. Recordaron que en 2019, cuando era senador y denunciaba el bombardeo que el gobierno del entonces presidente Iván Duque efectuara en el Caquetá, había señalado la muerte de siete personas menores de edad, diciendo que si el Ejecutivo sabía que había niños(as) en el campamento bombardeado “estamos ante un crimen de guerra”, y ahora, como presidente en ejercicio, justifica el operativo en Itilla como “una tragedia inevitable”. La nueva narrativa presidencial, que se justifica diciendo que fue tomada “a riesgo, la decisión de salvarles la vida” a veinte soldados amenazados por unos 150 hombres de Iván Mordisco, fue interpretada por la oposición como la racionalización tardía de una decisión que fue tomada con información deficiente y sin alternativas menos letales suficientemente exploradas.

 

 

El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, aprovechó la situación para subrayar ese contraste como si fuera el síntoma de un deterioro estructural en la política de seguridad del gobierno. Sostuvo que este bombardeo “parece ser el producto del desespero” y que por eso es la prueba del debilitamiento de las capacidades de inteligencia que posee actualmente el gobierno, insistiendo en que las operaciones con bombardeos debían ser excepcionales, que debían estar ancladas en una estrategia integral de control territorial y que nunca deberían descansar en la improvisación: “Colombia necesita firmeza, sí, pero jamás a costa de la improvisación, la incoherencia o el riesgo para la población civil”.

 

 

Y la representante Catherine Juvinao, también conocida por su oposición continua al gobierno, convirtió la discusión en un alegato en contra de la arquitectura de seguridad concerniente al proyecto de la “Paz Total”. Recordó que, según sus propios datos, el EMC se ha fortalecido “en un 75% desde 2022 gracias a su gobierno y a su desastrosa paz total” y lanzó la pregunta que condensó el reproche moral: “¿usted crea el problema y luego nos dice que tiene que bombardear niños?”, al tiempo que afirmó que el Ministerio de Defensa mintió al sugerir que los menores reclutados “pierden su protección”, reivindicando que, incluso estando integrados a un grupo armado ilegal, los niños, niñas y adolescentes conservan una protección reforzada bajo el DIH. En debates posteriores de control político, Juvinao amplió el cuadro señalando que no serían 15, sino 17 las personas menores muertas en bombardeos durante el gobierno de Petro y que, si se suman otros casos relacionados con el uso letal de la fuerza, al menos 42 niños, niñas y adolescentes han muerto en operaciones estatales entre los años 2023 y 2025, lo que reforzó la idea de que existe un problema de diseño en la política de seguridad implementada por el gobierno actual.

 

 

 

La crisis del progresismo

 

 

En conjunto, cada una de estas voces -desde la oposición de derecha hasta los sectores del “centro”- no sólo remarcan la contradicción entre el Petro que fuera opositor y que hablara sobre el “crimen de guerra”, y el Petro que siendo presidente de la república reivindica la “decisión riesgosa” de bombardear grupos armados ilegales pese a la presencia de personas menores de edad entre sus filas. Además de ello, conectan esa torsión discursiva del presidente con las evidentes fallas de la inteligencia militar, con la expansión de las disidencias en el marco de la Paz Total y con un mensaje político que busca ser, a todas luces, devastador.

 

 

Aquí tenemos un punto neurálgico: el daño ético-político para el progresismo no proviene únicamente del hecho (horroroso) que dejó siete menores reclutados a la fuerza y que cayeron muertos en Itilla, sino también del desplazamiento efectuado en el relato con el que llegó Petro llegó al poder. El proyecto del Pacto Histórico se presentó, desde la campaña electoral y en el discurso de posesión del 7 de agosto de 2022, como el “Gobierno de la vida y de la paz”, como una administración que haría de los Derechos Humanos, de la protección de niños, niñas y adolescentes y del cumplimiento del Acuerdo de Paz su columna vertebral. Cuando, tres años después, la Defensoría del Pueblo confirma que en el bombardeo contra estructuras del EMC en el Guaviare murieron personas menores de edad reclutados forzosamente, y que otros adolescentes salieron heridos o rescatados con vida, el choque entre la promesa y la realidad se vuelve inevitable y, por supuesto, problemático. Diversos análisis han interpretado el episodio como la escena en la que la izquierda del gobierno aparece defendiendo el mismo dispositivo -bombardeos sobre campamentos con presencia previsible de menores- que antes denunciaba como crimen de guerra, subrayando la contradicción entre el “gobierno de la vida” y la reiteración de la razón de Estado en el conflicto armado. Esa tensión se hace más nítida porque la grieta que se abre no es solo entre el gobierno, la derecha y el “centro”, sino también dentro del propio campo progresista. El senador Iván Cepeda, figura central del Pacto Histórico y candidato presidencial quien dijo “no puedo dejar de condenar el bombardeo en Guaviare en el que murieron siete menores de edad” y reiteró que “acciones de esta naturaleza están claramente prohibidas por el derecho humanitario”, recordando, además, que había sostenido la misma posición cuando denunció los bombardeos realizados por el gobierno de Iván Duque.

 

 

El hecho de que Petro responda a esas críticas hablando de una “oposición de izquierda”, defendiendo que “no rompió el principio de distinción” porque en la selva no habría civiles y prometiendo seguir ordenando bombardeos cuando, a su juicio, salvan más vidas de las que sacrifican, muestra que la disputa ya no es solo con sus adversarios tradicionales, sino sobre el corazón moral del relato que lo llevó al poder. En tal escena, el progresismo aparece fracturado entre quienes quieren mantener una línea roja absoluta frente al uso de fuerza letal por parte del Estado ahí donde hay menores reclutados y quienes, desde el Ejecutivo, reivindican una ética de responsabilidad que acepta “daños colaterales” en nombre de la seguridad y de la paz; ahí es donde el costo ético-político se vuelve más profundo, porque no sólo erosiona la coherencia discursiva del presidente Petro, sino que también erosiona la pretensión de que la izquierda gobernante encarne una ruptura nítida, muy clara, con las lógicas de la guerra que habían pautado el desempeño de los gobiernos anteriores.

 

 

Ahora, el quiebre progresista no se sintió sólo en el Congreso, pues también hubo voces cercanas al Gobierno que apareció con indignación y sin matices desbordando la línea de defensa oficialista. Un caso emblemático fue el del exviceministro de las Juventudes del Ministerio de Igualdad, Gareth Sella, identificado por la prensa como “afín al Gobierno del presidente Petro”, quien reaccionó en X con una frase que condensó el rechazo absoluto al operativo realizado y a la justificación que se le dio: “Nada justifica bombardear niñas, niños y adolescentes… nada”. Ese “nada”, recogido por, funcionó como una auténtica bomba semántica al interior del campo progresista, porque chocó frontalmente con el razonamiento del presidente. Allí se ve, con toda su crudeza, la tensión entre dos gramáticas morales al interior del progresismo: una, la de Sella y otras voces afines, que defienden una ética de límites estrictos (hay cosas que “nada” justifica, ni siquiera la necesidad militar); y otra, la que empieza a articular el Ejecutivo, que se mueve hacia una ética de la excepcionalidad y de la responsabilidad (“tomar decisiones de guerra” que aceptan un daño para evitar otro mayor). En la medida en que el Gobierno adopta, públicamente, esta última posición, el proyecto ético-político que se presentó como “gobierno de la vida” deja de apoyarse en la incondicionalidad de ciertos principios -no bombardear cuando hay un riesgo alto para menores reclutados(as)- y comienza a operar en el terreno resbaladizo de las justificaciones excepcionales, donde cada nueva operación letal puede ser presentada como un mal necesario, pero al precio de erosionar el núcleo ético-político que distinguía al progresismo de las doctrinas de seguridad que antes criticó.