El aviso de las urnas: Colombia, entre la restauración autoritaria y la continuidad del cambio

La primera vuelta presidencial dejó al progresismo frente a una realidad preocupante: la ultraderecha no era un fenómeno pasajero, sino una fuerza real, organizada y capaz de capitalizar el miedo, el odio y el malestar social. Ante la segunda vuelta, el desafío no consiste solo en defender el voto de Iván Cepeda, sino en corregir errores, ampliar la mayoría democrática y disputar el sentido mismo de la democracia en Colombia.

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Daniel Alejandro Cerón Urrutia

Dirección de investigación -CIAM-

 

La primera vuelta presidencial celebrada el pasado domingo 31 de mayo dejó una lección que en el progresismo colombiano no nos podemos dar el “lujo” de ignorar o de minimizar: que las elecciones no se ganan por anticipado, que las encuestas no votan y que el triunfalismo puede ser una de las formas más peligrosas de la ingenuidad política. Con el 100% de las mesas informadas en el preconteo nacional, sabemos hoy que Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de la votación total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 9.688.361 votos, correspondientes al 40,90%. Es decir, que la diferencia entre ambos fue de 673.138 votos y de 2,84 puntos porcentuales: una ventaja estrecha, es verdad, pero políticamente suficiente para alterar el clima anímico del trasunto que nos llevará a la segunda vuelta. Abelardo de la Espriella ganó la primera vuelta e Iván Cepeda se mantiene en la disputa, pero el orden de llegada ha producido entre muchos y muchas de nosotros(as) un efecto anímico profundo y devastador porque el candidato que buena parte del progresismo miró como un fenómeno ruidoso, inflado, exagerado y pasajero fue el que terminó encabezando la votación nacional.

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Debemos asumir este hecho sin rodeos y sin excusas. No se trata, claro está, de negar la fuerza que el Pacto Histórico tiene y mucho menos desconocer que Cepeda obtuvo una votación verdaderamente enorme. De lo que se trata más bien es de reconocer que el resultado de las elecciones fue un baldado de agua fría para el progresismo que, durante semanas y meses, fue dando demasiado crédito a las en-cuestas de Invamer, que llegó a ubicar a Iván Cepeda con 44,6% frente al 31,6 % de Abelardo de la Espriella; de Guarumo & EcoAnalítica, que lo puso con 37,1% frente a un 27,5 % de ADLE; de Atlas Intel, que aunque advertía una competencia mucho más cerrada los midió prácticamente empatados, con una leve ventaja de Cepeda sobre De la Espriella; y del Centro Nacional de Consultoría, que en la última medición antes de la veda todavía mostraba a Cepeda primero con 33,4% y a ADLE segundo con 30,9%. Es decir, no es que las encuestas no hubieran mostrado el crecimiento de la ultraderecha, sino que buena parte del progresismo leyó esas cifras desde la percepción del crecimiento propio y recayó, quizá, en la idea de que la continuidad del cambio estaba asegurada. Comparto la impresión de quienes piensan que esa sensación de victoria anticipada pudo haber entorpecido nuestra lectura del momento político, porque mientras una parte del progresismo discutía cómo administrar el triunfo electoral, la ultraderecha organizaba el malestar social, disciplinaba su voto antipetrista, no cesaba de ocupar las redes sociales explotando el miedo y el odio, y logrando presentarse como si fuera una fuerza de ruptura que se impondría a “los de siempre”.

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Me parece que ese fue un craso error: subestimar el ascenso de la ultraderecha como si nuestro país fuera ajeno a un fenómeno que hoy tiene alcance global. Es verdad que Colombia no ha sido un país históricamente gobernado por fuerzas populares, partidos democráticos o proyectos igualitarios, sino por distintas facciones oligárquicas de la derecha nacional: por la república conservadora de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ordenada alrededor de la Regeneración de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro; por las élites liberales y conservadoras que, después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948, administraron la violencia bipartidista; por el Frente Nacional pactado en Sitges y Benidorm entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, que desde 1958 hasta 1974 cerró la competencia política en nombre de la estabilidad; por el anticomunismo de la Guerra Fría, la doctrina de seguridad nacional y el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala en 1978; y, más recientemente, por la hegemonía de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010, donde la promesa de orden se impuso sobre buena parte de la imaginación democrática de nuestro país. También es verdad que el triunfo de Gustavo Petro en 2022 no eliminó esa historia, porque apenas si abrió una grieta en ella. Creer entonces que una victoria progresista bastaba para desplazar de raíz las memorias conservadoras, los odios de clase, el anticomunismo, el racismo social, el miedo al desorden y la nostalgia autoritaria fue un exceso de confianza, más aún cuando en el mundo la ultraderecha venía mostrando su fuerza con la elección y reelección de Donald Trump desde el 2016 en los Estados Unidos, de Giorgia Meloni en Italia desde 2022, de Javier Milei en Argentina desde 2023, Daniel Novoa en Ecuador y Rodrigo Paz en Bolivia durante el 2025 y, recientemente, José Antonio Kast en Chile: todas estas fuerzas han sabio fuerzas políticas reaccionarias han sabido convertir el malestar social en guerra cultural, en resentimiento antiprogresista y deseo de autoridad.

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Es importante entender que en distintos lugares del planeta fuerzas autoritarias, nacionalistas, antiigualitarias, antifeministas, racistas o libertarias vienen creciendo como respuesta deformada a las crisis de la globalización neoliberal, al desgaste de las democracias representativas, a la inseguridad social, al miedo cultural y a la pérdida de la fe en el futuro. A mi juicio, no estamos ante una mera reacción al avance del progresismo, sino que estamos ante algo mucho más hondo: la expresión cruda de la autodestrucción de la modernidad. El apoyo que hoy recibe el genocidio cometido por el sionismo israelí en contra del pueblo palestino, que ya ha dejado aproximadamente 73.000 personas asesinadas, es la muestra más fehaciente de la autoaniquilación por la que atraviesa el actual proyecto civilizatorio. La modernidad prometió libertad, progreso, igualdad jurídica, ciudadanía, razón pública y bienestar material ha producido y sigue produciendo colonialismo, capitalismo depredador, patriarcado modernizado, desigualdad estructural, burocracias sin alma, mercados sin comunidad, tecnologías de manipulación y Estados capaces de administrar dosificando la miseria mientras abandonan a millones de personas en la precariedad. La ultraderecha crece allí donde esas promesas de la modernidad se pudren. No ofrece, desde luego, una salida emancipatoria a la crisis; lo que ofrece es una salida regresiva: toma el malestar real y lo convierte en odio en contra de los pobres, en contra de las mujeres, en contra de las personas migrantes, en contra de la izquierda, en contra de los derechos, en contra de la paz y en contra cualquier intento popular por democratizar la riqueza y el poder.

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Es en razón de lo anterior que me atrevo a decir que los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país no sólo produjeron un resultado electoral; pues produjeron también una revelación ideológica. Colombia está entrando en una democracia de alta intensidad en la que, junto al progresismo, el fascismo social se abre paso. La disputa política es cada vez más clara. Millones de personas, a izquierda y derecha, votaron por principios, por afectos y visiones de país profundamente contrapuestas. De un lado, la ultraderecha moviliza un nacionalismo patriótico excluyente, moviliza el autoritarismo, el llamado al orden, el libertarismo económico, un machismo restaurador y el viejo clasismo que tanto se empeña en negar. Del otro lado, el progresismo intenta movilizar una especie de patriotismo democrático, en defensa de la vida y de los derechos humanos, en defensa de la igualdad como condición de la libertad, de la justicia social y ambiental, de la paz frente a la guerra, por la construcción de soberanía popular y por la democratización del Estado.

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Como se sabe, esta democracia de alta intensidad tiene una expresión cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa está en la participación: nuestro país llegó a 23.978.304 votantes sobre un censo electoral de 41.421.973 personas habilitadas para ejercer el voto, lo que equivale al 57,88% de participación. Son 2.559.673 votos más que en la primera vuelta presidencial del año 2022. Incluso frente a la segunda vuelta de aquel año, que había sido presentada como la participación más alta desde 1998, la primera vuelta de este año registró 1.290.394 votantes más en términos absolutos. En cuanto a su expresión cualitativa, podríamos decir ella está en la polarización programática: ADLE obtuvo 10.361.499 votos e Iván Cepeda alcanzó 9.688.361, de modo que entre ambos concentraron 20.049.860 votos, cerca del 83,6% de la participación total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no estamos ante una contienda electoral determinada, en matices menores, por élites parecidas, sino ante la confrontación entre dos proyectos de sociedad que son distintos e, incluso, antagónicos. Mientras el primero quiere cerrar el ciclo progresista y restaurar el poder del establecimiento -y del poder mafioso- gobernando desde el miedo y desde el odio, el otro quiere defender el cambio, corregir sus propios errores y profundizar una democracia con igualdad, derechos humanos, participación popular y vida digna para todos y todas.

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Ahora bien, reconocer la gravedad que representa el ascenso de la ultraderecha no debe servir para ocultar los errores propios. El Pacto Histórico tuvo un error táctico considerable, el cual, a mi juicio, consistió en dirigir buena parte de su antagonismo en contra de Paloma Valencia, del Centro Democrático, de Álvaro Uribe Vélez y la derecha tradicional, pensando que era allí donde estaba el adversario principal; y mientras tanto, ADLE crecía como figura lateral, aparentemente menor, caricaturesca o excesiva. El establecimiento logró algo políticamente muy eficaz, que fue poner en escena a la derecha tradicional como el rival visible, mientras el candidato de la ultraderecha era el que capitalizaba la rabia antipolítica, el voto conservador disperso, la emocionalidad digital y la promesa de mano dura. Pero ojo, no hay que entender esto como si se tratase de una conspiración perfectamente diseñada desde un cuarto oscuro. Basta verlo como una convergencia de intereses, medios, miedos y cálculos electorales. La derecha tradicional se desgastó, pero sus bases sociales no desaparecieron. El uribismo perdió centralidad, pero su gramática emocional siguió estando viva. Los sectores empresariales, mediáticos y conservadores no necesitaban enamorarse de Abelardo para permitir que este creciera; les bastaba tan sólo con comprender que podía ser el vehículo más eficaz para derrotar al progresismo. El Pacto Histórico, en cambio, interpretó muy tarde esa transferencia de fuerza y sólo ahora intenta corregir ese error.

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La segunda vuelta de la competencia electoral por la presidencia nos exige corregir varias cosas. La primera corrección es, ante todo, comunicativa, pues no se puede enfrentar una campaña de ultraderecha altamente emocional, digital y agresiva con una campaña excesivamente solemne, defensiva o confiada en la plaza pública tradicional. Las plazas importan, los volanteos y el paseo por las calles también, pero no son suficientes. Hay que disputar las redes sociales, buscar la pauta, cadenas de WhatsApp, videos cortos, vocerías territoriales, gestos de humor, pedagogía popular y narrativas sobre propuestas económicas y gerenciales. La política contemporánea se juega en el dato, el discurso duro, incluso en el debate intelectual; pero también -y sobre todo- se juega en la circulación afectiva de imágenes, de frases, de miedos y esperanzas.

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La segunda corrección es democrática: Iván Cepeda debe debatir. No porque los debates sean el lugar para hacer concesiones al adversario, ni más faltaba, sino porque una candidatura progresista debe mostrarse capaz de hablarle al país en-tero, incluso al país que desconfía de ella o que, de hecho, le abomina. Cepeda tiene el rigor intelectual, una historia de dignidad a cuestas, la serenidad y la densidad programática que se le puede pedir a un hombre de Estado. Pero debe poner eso en escena pública y disputar, por todos los medios, la opinión de la gente. Ya sabemos que la ultraderecha crece cuando convierte la política en un espectáculo; pero el progresismo puede ganar si convierte el debate en pedagogía pública.

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La tercera corrección es política: la izquierda, la centro-izquierda y, en general, el progresismo, aunque ha avanzado bastante en eso, no puede cerrarse a seguir bus-cando las alianzas con sectores del llamado “centro”, con liberales democráticos, verdes, independientes, organizaciones sociales no alineadas y ciudadanías que hayan sido críticas del gobierno de Petro y que, no siendo facciones orgánicas del progresismo, puedan entender lo que significa aceptar el riesgo de que en Colombia se reinstale un proyecto autoritario. Abrirse al “centro” no significa, desde luego, renunciar al programa del cambio ni a profundizar las reformas sociales y la democracia popular; significa que el proyecto de la democracia multicolor en cabeza de las ciudadanías libres implica construir una mayoría democrática que logre impedir que el Estado sea capturado por un proyecto de revancha, de persecución política y judicial, por un proyecto oligárquico y mafioso que no cesa, por su avaricia, en radicalizar la concentración de su riqueza y de su poder.

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La cuarta corrección es gubernamental: hay que defender los logros del gobierno de Petro, pero admitir que ha tenido errores. No nos sirve el tapen-tapen. Hay logros sociales, laborales, pensionales, ambientales, diplomáticos y de dignificación popular que deben ser defendidos con datos y orgullo. Pero también hubo errores de ejecución, de comunicación, de coordinación, de seguridad, de gestión política e incluso errores relativos a la construcción de mayorías democráticas. La gente no quiere, en realidad, mera propaganda; quiere una política que sea verdadera, transparente, que incluso esté dispuesta a admitir sus errores. Defender el cambio exige entonces mostrar que el segundo gobierno progresista no sería una repetición mecánica del primero, sino una continuidad corregida, ampliada, mucho más eficaz y más consciente de sus propios alcances y límites.

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Y la quinta corrección es, por supuesto, estratégica: afortunadamente ya se dio que la Constituyente, aunque sea una figura legítima dentro del orden constitucional colombiano, no se convertirá en el centro de la campaña y menos una conditio sine qua non frente a cualquier posibilidad de articulación. En este momento, producía más ruido que fuerza política, más miedo que claridades, más munición para la derecha que un auténtico entusiasmo mayoritario. La tarea inmediata no será abrir todos los debates institucionales al mismo tiempo, sino ganar la segunda vuelta con una consigna más próxima a los ciudadanos y ciudadanas y que implique defender la democracia, consolidar las reformas sociales posibles y evitar que el país sea conducido hacia una restauración autoritaria.

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Tengamos en cuenta que el 21 de junio no se definirá únicamente quién ocupará la Casa de Nariño, sino que se definirá si el malestar social será gobernado por la promesa de más democracia, de más justicia socioambiental, o si será gobernado por el autoritarismo del miedo y del odio. Se definirá si Colombia continúa, corrige y profundiza el cambio, o si entrega el gobierno del Estado a quienes quieren convertir la rabia en persecución política, la patria en propiedad privada y la libertad en un privilegio de clase. El progresismo no está derrotado. Pero sí fue advertido. La primera vuelta mostró que hay una fuerza popular inmensa, pero también que enfrente hay una ultraderecha real, organizada, contemporánea y peligrosa. Ganar exige dejar atrás la autosuficiencia, hablarle al país que duda, disputar la emoción pública, reconocer errores, construir alianzas y volver a poner en el centro lo esencial: democracia para vivir, derechos para existir, un pueblo para gobernar y el compromiso de que nos la jugamos por la vida.