
El fin de la hegemonía uribista
David Mauricio Rincón Cerquera
Equipo de Investigación -CIAM-
En el Centro CIAM, entendemos como “hegemonía uribista” al periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2002 hasta la actualidad. A pesar de que Álvaro Uribe ya era reconocido en la esfera pública y había ostentado cargos de altísimas dignidades, -como cuando fue Gobernador de Antioquia- no fue sino hasta que asumió la Presidencia de la República que su proyecto, en principio regional, tuvo alcance nacional y pudo expandirse con la anuencia de Estados Unidos. Aunque ya el Plan Colombia se había firmado en el año 1999 y creaba el asidero de lo que serían las relaciones cívico-militares, de ahí en adelante quien pudo hacer uso y despliegue total de esos recursos fue Álvaro Uribe en sus 8 años de gobierno.
A lo largo de este tiempo, las correlaciones de fuerza en Colombia han sufrido transformaciones por diversas razones; sin embargo, las que son de nuestro interés particular, son las que están asociadas a las alianzas y rupturas de los medios de comunicación en sus distintas plataformas de difusión: radio, periódicos, revistas y publicaciones en redes sociales. Además, Colombia ha presenciado la aparición de nuevas iniciativas comunicativas que fortalecen su alcance e impacto por el uso de plataformas digitales, en una suerte de democratización de la información producto del aumento en el uso de las Redes Sociales (principalmente Instagram, Facebook y X).
Al principio de este periodo, medios como El Tiempo (incluso antes de pasar a manos del Grupo Aval), El Espectador, Publicaciones Semana y RCN se posicionaron como los principales aliados del incipiente Uribismo y no dudaron en apoyar e impulsar las iniciativas de este gobierno (sobre todo las relacionadas a la Guerra y a la liberalización de los mercados) y en ocultar los aspectos que minaban la legitimidad del proceso que se fraguaba entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial, principalmente con el GEA. A pesar de todo lo que ha sucedido desde entonces, los aliados estratégicos que impulsaron los proyectos uribistas desde el comienzo en los medios de comunicación se mantuvieron siempre al servicio de los sectores dominantes.
Ahora, que asistimos a la debacle del Uribismo, vemos exactamente el mismo comportamiento: La FM y, especialmente Juan Lozano, diciendo que “espera que la justicia obre sin sesgos políticos y que la institucionalidad no se vea afectada con tal ofensa para los colombianos” a través de sus redes sociales personales y corporativas[1]; La Casa Editorial El Tiempo está a disposición para resolver todas las necesidades discursivas en la opinión pública[2]; y Vicky Dávila, protegida de los Gilinski, utiliza sus plataformas digitales para desprestigiar personalmente con ataques infundados al Presidente de la República[3] aunque ya no pertenezca oficialmente a la Revista, todo esto mientras hace campaña y gana terreno electoral .
Esto ha servido para que otros temas de igual o mayor relevancia se mantuvieran ocultos o fueran abordados con soslayo, por ejemplo: Álvaro Leyva y el plan para tumbar al Presidente con la anuencia del gobierno de Trump y el Senado gringo; o las verdaderas razones de por qué Uribe fue condenado por un delito que, lejos de inculparlo con algo “grave” (teniendo en cuenta su carrera), es la puerta de entrada a la Historia del Paramilitarismo en Colombia. Pareciera que con la sentencia de carácter condenatorio que se emitió en contra del expresidente Uribe, se decantan los asuntos relacionados con el final de la hegemonía Uribista. Por una parte, hay quienes piensan que con el fallo se hace justicia, atendiendo al clamor de esa parte de la sociedad colombiana que carga con el peso de las atrocidades cometidas por actores armados que –valga decirlo– testificaron en su contra. Es, en este sentido, una muestra de que es posible demostrar, aunque sea de manera insuficiente y de soslayo, que este personaje ha tenido algo que ver con el fenómeno del paramilitarismo en Colombia.
Ya mucho se ha dicho y especulado sobre sus vínculos con el narcoparamilitarismo, sobre lo acaecido en la finca de su familia en los primeros años de la década de los 90’s, los crímenes de Estado cometidos contra la población civil de la Comuna 13, los asesinatos extrajudiciales de los que fueron víctima –por lo menos oficialmente– 6402 jóvenes colombianos y otras de sus apariciones especiales en episodios como la Yidispolítica, las chuzadas del DAS y la Parapolítica. Sobre todo esto podríamos escribir uno más de los libros que reposan en estantes y aguardan pacientemente por un lector acucioso y crítico que sea capaz de desenmarañar tantos embrollos de la historia reciente.
Por otra parte, hay quienes se resisten a creer que una persona de su categoría esté siendo condenada injustamente[5] por la persecución de la justicia[6], dando muestra de que el respeto a la independencia de poderes solo es una estrategia que debe usarse cuando los intereses del sector dominante se ven en peligro[7]. Mucho han hablado los sectores tradicionales a través de los medios de comunicación serviles a sus fines sobre el autoritarismo de Petro[8], sobre el peligro para la democracia que representó haber suscrito una Consulta Popular por decreto[9], y el inminente camino a convertirnos en Venezuela en el que estamos cada vez que se buscan mecanismos alternativos y –valga la aclaración– democráticos para resolver las demandas sociales que el Congreso no quiere tramitar a favor de las ciudadanías trabajadoras, enfermas, excluidas y empobrecidas.
Los sectores dominantes de la sociedad (y quienes hoy lideran la campaña de desprestigio contra el actual gobierno), en su natural pose de alegadas víctimas, apelan a cuestiones que no dudarían en violar, romper o traspasar si tuvieran la más mínima oportunidad. Recordemos, pues, cómo fue modificada la Constitución Política para alargar un periodo presidencial que permitió la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del Estado, o cómo ese periodo extra impulsó la firma de TLC’s, la liberalización de los mercados y las “ayudas” militares de EEUU para acabar con el narcotráfico. Mirando por el espejo retrovisor, el hecho de que apelen a la democracia como garantía para el ejercicio de los derechos parece una broma de mal gusto.
Mientras todo esto sucede, hay un fenómeno que no existía hace 23 años y está relacionado con el aumento en la capacidad de influir en la opinión pública con la difusión de información en las redes sociales, gracias a eso de la democratización de la tecnología y el acceso a las fuentes y redes de difusión. Cualquier persona con acceso a un teléfono e internet puede emitir su propio discurso sin depender de nada más que de sus propios aparatos aunque, por supuesto, –y como todo– es susceptible de ser sofisticado; tan sofisticado que puede ser convertido en parte de una bodega. Esta semana, por ejemplo, vimos a María Fernanda Cabal[10] haciendo uso de sus redes para introducirnos el concepto que regirá su estrategia discursiva y la de sus afiliados (los de la extrema derecha radicalizada militante): El de Sicario Digital. ¿Y qué es eso? Sencillamente, y explicado en las propias palabras de María Fernanda, “el sicario digital destruye reputaciones con injurias y calumnias”. Es así que se configura una nueva estrategia violenta de exclusión y deslegitimación de discursos contrarios a los de la matriz dominante. No se argumenta, no se debate, no se refuta, simplemente se ataca, muchas veces, sin razón.
Sin embargo, y a pesar de que los actores políticos del sector dominante también aprovechan esta ventana de oportunidad para impulsar sus matrices discursivas en la opinión pública, siguen basándose, principalmente, en las plataformas tradicionales que ya tienen una capacidad instalada y unos alcances, impactos y coberturas en audiencia que sirven para hacer cálculos políticos. Por su parte, los sectores no-tradicionales (alternativos, progresistas y movimientos de izquierdas) aprovechan para intentar (con éxito) ponerse al nivel de las discusiones, exponer lo invisibilizado por quienes controlan la información y contrastar las afirmaciones que, a veces de manera engañosa, dicen los sectores tradicionales con tal de defender una idea que, en muchos casos, es descabellada.
Actualmente asistimos a un enfrentamiento entre los sectores tradicionales, que poseen la maquinaria, la grasa y los capitales para posicionar sus aspiraciones políticas y económicas y, por otra parte, entre los sectores no-tradicionales que utilizan las plataformas digitales y las redes sociales para movilizar sus iniciativas, para deslegitimar los discursos fabricados por los sectores opositores al gobierno y, por supuesto, apoyar las iniciativas del Cambio. Este enfrentamiento está lejos de ser pacífico y cada vez se agudiza la polarización por cuenta de lo que se disputa en la Opinión Pública.
Tanto las bodegas de derechas como de izquierdas, están cayendo en la confrontación directa y cayendo en el juego sucio de la personalización de las causas estructurales que persisten de fondo como causa principal. Uno de los casos más ejemplarizantes es el, ya famoso, “es culpa de Petro”, el cual sirve de desagüe para evacuar los posibles argumentos que, a favor o en contra, pudieran hacerse frente a cualquier tema del país: el sistema de Salud tiene que cambiar (es culpa de Petro); el sistema educativo no tiene la cobertura esperada (culpa de Petro); el país está endeudado y necesita romper la regla fiscal (es culpa de Petro). Caer en esto no permite contrastar las ideas que se esconden tras los ataques. Decir, por ejemplo, que el sistema de salud está colapsado por culpa del Presidente y no por las decisiones financieras en las que las EPS y las IPS se han llevado la plata que el gobierno nacional gira puntualmente y termina fuera del país en paraísos fiscales, es completamente desconectado de la realidad; sin embargo, este es el objetivo de la aplicación de la matriz discursiva impulsada por los sectores tradicionales, a propósito de la debacle inminente de la hegemonía uribista que permitió la fabricación e implementación de la Ley 100.
Hablar de la realidad material como algo que solamente es relevante cuando hay un error que se hace visible y es posible personalizar, no solamente no es democrático, sino que atenta contra la búsqueda de Verdad en temas que siguen dejando víctimas mortales, afectaciones a los territorios, afectaciones físicas y mentales a las víctimas, desplazamiento forzado y otra gran cantidad de atrocidades que ocurren con total impunidad. Es grosera la forma en la que se defiende la democracia cuando se apela a estrategias tan abyectas e ignominiosas y los medios de comunicación, especialmente los afiliados al Establecimiento, favorecen la dispersión de discursos, ideas e imágenes que atentan contra otros de manera infundada.
Piénsenlo, si el país está como está por culpa de Petro, así sin más, es válido también decir que el paramilitarismo y el auge del narcotráfico en los 80’s fue por culpa de Uribe, también así, sin más.
Referencias
[1] “¿Hay independencia judicial en Colombia? La presión sobre la jueza que fallará el caso Uribe”, Justicia y Dignidad, 27 de julio de 2025.
[2] “Carta abierta a la juez de Álvaro Uribe” (columna de Juan Lozano), El Tiempo, 21 de julio de 2025.
[3] “La precandidata presidencial Vicky Dávila anuncia que publicará pruebas que comprometen a Petro”, El Tiempo, 3 de agosto de 2025
[5] Estas son las palabras más utilizadas en la actual estrategia discursiva empleada por los medios de comunicación al servicio de las élites del uribismo
[6] El País. “Nudos jurídicos y denuncias de abuso de poder: lo que se viene tras el decreto de Petro para convocar a la consulta popular”. El País, 11 de junio de 2025.
[7] Dejusticia. “Consulta popular de Petro: análisis constitucional”. Dejusticia, junio de 2025.
[8] El País. “Del ‘golpe de opinión’ al ‘golpe de Estado’”. El País, 8 de junio de 2025.
[9] Transparencia por Colombia. “Consulta popular por decreto: organizaciones de la sociedad civil alertan riesgo institucional”. Transparencia por Colombia, junio de 2025
[10] El Informador. “María Fernanda Cabal alerta sobre guerra digital internacional contra Uribe y la oposición”. El Informador, mayo 2025.
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