El sueño de la autonomía y la democracia universitaria

En Colombia, la lucha por la autonomía y la democracia universitaria condensa las viejas tensiones entre legalidad y legitimidad que atraviesan nuestra historia política. A partir del caso reciente de la Universidad Nacional -la designación del rector, el fallo del Consejo de Estado y la irrupción de la MECUN- este texto se pregunta quién decide realmente sobre el rumbo de la universidad pública y qué significa, hoy, hablar en serio de democracia universitaria.

 

Betsabé Espinal

Abogada feminista

 

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, el poder y la soberanía de los reyes de España sobre nuestra Améfrica eran incuestionables. La idea de un continente libre era apenas un sueño de unos pocos. El poder colonial se ejercía sobre los impuestos y sobre las ideas, e impedía imaginar la libertad y la autonomía de nuestros pueblos y territorios. Hoy, poco más de dos siglos después, no solo somos formalmente libres, sino que hemos sido testigos de cómo las estatuas de los colonizadores son derribadas por el pueblo.

 

Durante mi paso por el pregrado en la Universidad Nacional, observé con tristeza y resignación la manera en que la comunidad universitaria votaba por un candidato a la rectoría, en un proceso de consulta, mientras que el Consejo Superior Universitario terminaba designando a un rector distinto al que la soberanía universitaria había elegido e, incluso, en ocasiones, a quien menos apoyo tenía. Para ese entonces, ni siquiera se contemplaba la posibilidad de cuestionar la designación del rector más allá de la rabia. Los movimientos estudiantiles se veían, entonces, abocados a la resignación.

 

Ahora bien, conviene recordar que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia es el órgano encargado de la designación del rector. Está integrado por el ministro de Educación Nacional (quien lo preside), el rector de la universidad (vicepresidente, con voz pero sin voto), dos miembros designados por el presidente de la República, un exrector elegido por los exrectores, un miembro designado por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), un representante de los profesores, un representante de los estudiantes y un miembro designado por el Consejo Académico.

 

La composición del CSU está, por tanto, definida mayoritariamente por el Gobierno nacional, que históricamente ha estado en manos de las élites colombianas, lejanas a los intereses y realidades de una comunidad universitaria que durante años ha abogado por la autonomía y la democracia en y desde las aulas. Ello ha llevado a que la legitimidad de los gobiernos universitarios haya estado siempre en tela de juicio, pues, además de ser sordos a las voces de la comunidad universitaria, muchos de ellos han estado manchados por situaciones de corrupción.

 

 

Gobiernos universitarios legales, pero ilegítimos

 

La tensión entre legalidad y legitimidad puede ilustrarse con el régimen nazi, que utilizó el derecho para legitimar su ideología racista y autoritaria, como ocurrió con las Leyes de Núremberg de 1935. Estas normas, que despojaron a los judíos de su ciudadanía, muestran cómo un Estado puede servirse de herramientas legales para justificar actos ilegítimos y de persecución, convirtiendo la legalidad en un instrumento de poder absoluto, incuestionable y arbitrario, contrario a los derechos humanos. En otras palabras, evidencian que lo legal no es necesariamente legítimo.

 

En esa misma lógica, los gobiernos universitarios anteriores al de Leopoldo Múnera, aunque legales, han sido ilegítimos, impuestos por un CSU sordo a la voluntad popular. Es importante recordar que la designación de Múnera como rector se dio después de un paro estudiantil de aproximadamente dos meses, en el que la democracia universitaria dejó de ser un discurso para convertirse en una realidad palpable. La democracia no se agota en un ejercicio de votación: se construye cotidianamente, en la discusión crítica y plural. Sin embargo, esto no ha bastado para cambiar las reglas de elección del rector de la universidad más importante del país.

 

Meses atrás, el Consejo de Estado señaló que la designación de Ismael Peña estuvo revestida de legalidad, es decir, fue acorde con las normas que regulan la designación del rector. En la decisión conocida el 20 de noviembre, el alto tribunal declaró la nulidad —es decir, dejó sin efectos— de la Resolución 068 del 6 de junio de 2024, mediante la cual se eligió al señor Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027.

 

En resumen, el Consejo de Estado explicó que el proceso de elección de rector terminó el 21 de marzo de 2024 con la designación del señor José Ismael Peña Reyes. Por eso, consideró que el CSU aplicó de forma equivocada el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011. Esta norma permite corregir errores en los trámites administrativos, pero solo antes de que se expida la decisión final que cierra el proceso. En este caso, esa decisión final fue precisamente el nombramiento del señor Peña Reyes el 21 de marzo de 2024.

 

Según el fallo, al intentar “corregir” una supuesta irregularidad después de que ya se había tomado la decisión definitiva, el CSU: i) actuó sin competencia para hacerlo; ii) desconoció que las decisiones administrativas, como los nombramientos o elecciones, se presumen válidas; y iii) olvidó que esa presunción solo puede ser retirada por un juez de lo contencioso administrativo, no por la misma autoridad que expidió el acto.

 

La sentencia del Consejo de Estado se limita, entonces, a examinar la legalidad del proceso de designación del rector. Deja por completo de lado la lucha universitaria que, en ejercicio de la democracia, demandó una rectoría que escuchara a los estamentos que componen la universidad. Peor aún: nada dice sobre el paro universitario de cerca de dos meses, en el que la comunidad académica expresó con vehemencia su rechazo a la designación de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional.

 

Así, de las decisiones del Consejo de Estado se desprende la legalidad de la designación de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional, al tiempo que se declara la nulidad de la designación de Leopoldo Múnera. Pero, entonces, ¿dónde queda la legitimidad de la decisión?

 

El movimiento estudiantil ha demostrado su poder transformador para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Buena muestra de ello fue la Séptima Papeleta, que impulsó la Asamblea Constituyente de 1991. En la Nacional, recientemente se instaló la MECUN, evidenciando que es posible soñar con una universidad autónoma y democrática, y recordando que, como mencionó Múnera en su discurso de instalación, el pensamiento crítico no es solo un adorno académico, sino una herramienta de transformación.

 

Lo que para nuestra América fue, en su momento, un sueño de libertad, autonomía y democracia, hoy es una realidad que sostiene las garantías y derechos de los que gozamos. De manera análoga, la comunidad académica ha soñado con la autonomía y la democracia universitarias. Ese sueño se materializa en las acciones democráticas de participación política al interior del claustro, entre ellas, la instalación de la Mesa Constituyente Universitaria de la Universidad Nacional de Colombia (MECUN).

 

Ambos procesos evidencian las tensiones entre legalidad y legitimidad y muestran que las transformaciones no son fáciles: requieren unidad y organización popular. La libertad y la autonomía universitarias pueden conquistarse mediante el pensamiento crítico y la acción colectiva.

 

En el escenario actual, el profesor Ignacio Mantilla, en aras de acatar la decisión, presentó su renuncia, facilitando así la transición a la que está llamada la Universidad con ocasión del fallo del Consejo de Estado. Mientras tanto, la MECUN ha decidido no entrar en paro y el movimiento estudiantil planea movilizaciones para los días viernes 21, lunes 24 y miércoles 26 de noviembre. Asimismo, se convocó a reunión del CSU el día lunes, en tanto es el órgano llamado a adoptar las decisiones correspondientes.

 

El CSU tiene hoy la oportunidad de nombrar a un rector encargado que atienda las necesidades propias del cargo y, al mismo tiempo, de convocar a un nuevo proceso de designación que blinde de legalidad la elección del próximo rector de la Universidad Nacional de Colombia. Este proceso debería ser genuinamente democrático, escuchar a la comunidad y tener en cuenta las consultas a los distintos estamentos que componen la comunidad académica.

 

“¡Seamos realistas, hagamos lo imposible!”.