Salario Mínimo: Entre lo dicho y el hecho hay un trecho

Camilo Ezequiel Sánchez Acevedo

Politólogo, especialista con formación investigativa,

con énfasis en análisis académico y temas coyunturales

Equipo de Investigación -CIAM-

 

 

Introducción

 

Uno de los momentos más álgidos de cada año en países como Colombia es la definición del salario mínimo legal vigente. Este proceso se desarrolla, por lo general, en el marco de negociaciones entre los gremios empresariales y los líderes sindicales de los trabajadores. Sin embargo, en ocasiones dichas conversaciones no culminan en un acuerdo, lo que conduce a que sea el presidente de la República quien decrete el nuevo salario mínimo.

 

Estos debates suelen estar rodeados de múltiples especulaciones (ya sea por índices económicos o intereses políticos), frecuentemente marcadas por el temor a que un incremento significativo del salario mínimo genere desequilibrios económicos, en especial un aumento desmedido de la inflación (Gutiérrez A, y otros, 2025, pág. 3). Bajo esta perspectiva, el ajuste salarial es concebido únicamente como un mecanismo de compensación frente a la pérdida del poder adquisitivo derivada de la inflación y de la constante depreciación del valor de la moneda, sin que ello implique una transformación sustancial en los patrones de consumo de la población.

 

No obstante, si el aumento salarial se limitara exclusivamente a un reajuste inflacionario, resultaría pertinente cuestionar por qué este debate se mantiene de manera constante, profunda y periódica. En este sentido, el presente ensayo se propone analizar una perspectiva alternativa, según la cual el incremento de los salarios puede generar impactos económicos más amplios y complejos que los comúnmente asociados al fenómeno inflacionario.

 

Así, se parte de la premisa de que la subida de los salarios no constituye, por sí misma, una catástrofe económica expresada en la inflación, dado que esta última responde a una multiplicidad de factores y no únicamente al comportamiento del salario mínimo. Para sustentar esta tesis, en primer lugar se examinarán las implicaciones del aumento salarial en la estructura de costos y gastos de las empresas. En segundo término, se analizará cómo los incrementos salariales por encima de la inflación en los últimos años han contribuido al fortalecimiento del poder adquisitivo de la población, favoreciendo el dinamismo del consumo. Posteriormente, se abordará la multicausalidad de la inflación y, finalmente, se ofrecerá una reflexión en torno a los fenómenos de indexación e informalidad laboral.

 

 

El salario dentro de la estructura de costos empresariales

 

El salario no constituye el único ni, necesariamente, el principal determinante del precio final de los bienes y servicios. Dentro de la estructura de costos corporativos, el peso de la nómina varía significativamente según el sector económico, pero rara vez representa la totalidad o incluso la mayor proporción del valor del producto final. Esta visión se vincula con enfoques de inspiración keynesiana, en los cuales el análisis económico se reestructura a partir del bienestar de la población sustentado en su capacidad de consumo, más que en una lectura restrictiva de los costos laborales como fuente exclusiva de presión inflacionaria (Morettini, 2002).

 

Desde una perspectiva técnica, la idea de que un incremento salarial se traduce de manera automática en un aumento proporcional e idéntico de los precios resulta matemáticamente imprecisa. En la mayoría de las empresas, el Costo Laboral Unitario (CLU) representa solo una fracción del costo total de producción, el cual también incorpora otros componentes como insumos, materias primas, energía, transporte y logística, cuyos precios dependen, en gran medida, de dinámicas globales y no del salario local.

 

La proporcionalidad entre salario y precio final, por tanto, es limitada. Un aumento salarial del 10 % no implica necesariamente un incremento equivalente en el precio del bien o servicio, dado que los demás componentes de la estructura de costos pueden permanecer constantes o variar de forma independiente. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025), en sectores como la manufactura y los servicios tecnológicos el salario directo suele oscilar entre el 15 % y el 25 % del costo total de producción. En este contexto, un incremento salarial del 10 % en una empresa donde la mano de obra representa el 20 % del costo total generaría, en términos estrictamente técnicos, una presión sobre el precio final de apenas el 2 %.

 

Adicionalmente, las empresas cuentan con un margen de absorción técnica que les permite mitigar el impacto de los aumentos salariales sin trasladarlos de manera directa al consumidor final. Este margen puede materializarse a través de la optimización de procesos productivos, mejoras en la eficiencia, incorporación de tecnología o ajustes moderados en los márgenes de ganancia. Como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025), estos mecanismos permiten absorber incrementos salariales razonables sin desencadenar una espiral inflacionaria.

 

En consecuencia, la asociación automática entre subida de salarios e inflación generalizada carece de sustento técnico sólido. Lejos de constituir una amenaza inmediata al equilibrio económico, los aumentos salariales pueden coexistir con estructuras de costos sostenibles, especialmente cuando se articulan con estrategias empresariales orientadas a la eficiencia y con un modelo económico que reconoce el papel central del consumo en el crecimiento y el bienestar general de la población (Morettini, 2002).

 

 

Dinamismo del consumo y poder adquisitivo

 

La subida de los salarios ha demostrado ser un motor relevante de crecimiento económico en Colombia al fortalecer la demanda agregada, uno de los conceptos centrales de la macroeconomía moderna. Al incrementarse el ingreso real disponible de los hogares, se amplía su capacidad de consumo, lo que dinamiza el mercado interno y contribuye a sostener la actividad económica, especialmente en contextos de choques externos o desaceleración global.

 

Desde la perspectiva keynesiana, el aumento del ingreso se traduce en un mayor nivel de consumo, dado que los individuos tienden a destinar una proporción significativa de sus ingresos adicionales a la adquisición de bienes y servicios. Este fenómeno, conocido como efecto multiplicador, resulta particularmente relevante en los sectores populares, donde los mayores ingresos salariales son reintegrados casi de inmediato al circuito económico a través del consumo masivo. En este sentido, la mejora salarial no solo beneficia al trabajador individual, sino que genera un impacto positivo en la economía en su conjunto (Fedesarrollo , 2015).

 

La evidencia empírica respalda esta relación entre salarios, consumo y crecimiento. De acuerdo con el Banco de la República de Colombia (2025), el consumo de los hogares ha sido uno de los principales pilares que ha sostenido el crecimiento económico del país en los últimos años, incluso frente a escenarios adversos como la volatilidad externa, la inflación importada o las restricciones financieras internacionales. Este comportamiento ha sido corroborado por cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025), que muestran cómo el gasto de los hogares representa una proporción significativa del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano.

 

En economías en desarrollo, como la colombiana, el consumo de los hogares puede representar cerca de dos terceras partes del PIB, lo que refuerza la importancia del poder adquisitivo como factor de estabilidad y crecimiento económico. En este contexto, un trabajador con mejores ingresos no solo mejora su calidad de vida, sino que se convierte en un consumidor más activo, capaz de sostener la demanda interna y contribuir al dinamismo productivo del país (Morettini, 2002, pág. 3).

 

En consecuencia, los incrementos salariales, lejos de constituir una amenaza para la estabilidad económica, pueden desempeñar un papel estratégico en el fortalecimiento del mercado interno y en la consolidación de un crecimiento económico más equilibrado y resiliente, especialmente cuando se articulan con políticas macroeconómicas orientadas a la protección del ingreso real y al estímulo del consumo.

 

 

La multicausalidad de la inflación

 

La inflación en Colombia no puede explicarse a partir de una sola variable, y mucho menos reducirse exclusivamente al comportamiento de los salarios. Por el contrario, se trata de un fenómeno multicausal en el que interactúan factores internos y externos, tanto de demanda como, principalmente, de oferta. Esta complejidad estructural permite cuestionar la idea de que los incrementos salariales constituyen el principal detonante del aumento generalizado de precios.

 

Entre los factores externos, la evidencia muestra que el costo de vida en Colombia está fuertemente influenciado por variables como la tasa de cambio, los precios internacionales de los insumos y los choques climáticos. El Banco de la República de Colombia (2025)señala que el encarecimiento de bienes esenciales, especialmente los alimentos, suele estar más asociado a la devaluación del peso frente al dólar, al aumento de los precios internacionales de fertilizantes, combustibles y materias primas, así como a fenómenos climáticos que afectan la producción agrícola, que a los ajustes salariales internos.

 

Asimismo, la inflación de oferta desempeña un papel determinante en la dinámica inflacionaria del país. Los cuellos de botella en la producción, las limitaciones en la infraestructura, las disrupciones en las cadenas de suministro y los aumentos en los costos logísticos tienden a generar presiones inflacionarias más intensas y persistentes que el aumento del ingreso de los trabajadores. En este sentido, el Banco de la República (2025) ha enfatizado que buena parte de los episodios inflacionarios recientes responden a choques de oferta, muchos de ellos de origen externo, sobre los cuales la política salarial tiene una incidencia limitada.

 

Esta evidencia refuerza la idea de que la inflación no puede ser entendida como una consecuencia mecánica del aumento de los salarios. Si bien el ingreso laboral forma parte del circuito económico, su impacto inflacionario depende de múltiples condiciones estructurales y contextuales. En economías como la colombiana, donde los precios están altamente expuestos a factores internacionales y a restricciones productivas internas, atribuir la inflación principalmente a los salarios constituye una simplificación analítica que desconoce la complejidad real del fenómeno.

 

En consecuencia, abordar el debate sobre el salario mínimo desde una lógica de miedo inflacionario resulta insuficiente si no se consideran las múltiples causas que inciden en la formación de precios. Reconocer la multicausalidad de la inflación permite avanzar hacia una discusión más equilibrada, en la que el salario se entienda no como un riesgo en sí mismo, sino como una variable que interactúa con un entramado económico mucho más amplio.

 

 

Contraargumento: indexación e informalidad

 

A pesar de los beneficios potenciales que la subida de los salarios puede generar en términos de consumo y dinamismo económico, en Colombia persisten barreras estructurales que limitan el alcance real de esta política y que, en ciertos contextos, pueden comprometer la calidad de vida de amplios sectores de la población. Uno de los riesgos más críticos es la elevada informalidad laboral, que se mantiene cercana al 56 % de la población ocupada (DANE, 2025). En este escenario, un salario mínimo que crece por encima de la productividad puede convertirse en una barrera de entrada al mercado laboral formal, incentivando a algunas empresas a desplazar trabajadores hacia esquemas informales con el fin de evitar los altos costos asociados a la nómina y a la seguridad social.

 

Esta situación genera una paradoja significativa: mientras el salario nominal aumenta, una porción considerable de la población queda excluida de los beneficios de la formalidad, tales como la estabilidad laboral, la protección social y el acceso a derechos fundamentales. Como advierten Gutiérrez A. y otros (2025, pág. 3), el encarecimiento del empleo formal puede profundizar la segmentación del mercado laboral, ampliando la brecha entre trabajadores formales e informales.

 

Adicionalmente, el aumento del costo de contratación introduce rigideces que afectan la movilidad laboral y la generación de empleo. Frente a la incertidumbre sobre los márgenes de ganancia, las empresas pueden optar por frenar la creación de nuevas vacantes o posponer procesos de contratación, lo que contribuye al estancamiento del desempleo estructural. En este contexto, el trabajador formal tiende a reducir su movilidad por temor a no encontrar un nuevo empleo que cumpla con los estándares legales, mientras que el desempleado enfrenta exigencias de productividad cada vez más elevadas para resultar rentable para el empleador.

 

Desde una perspectiva de política pública, instituciones como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) han señalado que el salario mínimo no constituye un instrumento de política social infalible. Un aumento excesivo podría reactivar presiones inflacionarias en los bienes y servicios indexados, dificultando la convergencia de la inflación hacia la meta establecida por el Banco de la República. Además, el impacto redistributivo del salario mínimo se ve limitado por la alta informalidad, que deja fuera de su cobertura a más de la mitad de la población trabajadora (Gutiérrez A, y otros, 2025).

 

Un ejemplo particularmente sensible de los efectos de la indexación se observa en el acceso a la Vivienda de Interés Social (VIS). Dado que los topes de precio de este tipo de vivienda están anclados al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV), un incremento significativo del salario eleva automáticamente el valor final de los inmuebles. Esto dificulta el cierre financiero de los hogares, ya que el ahorro previamente acumulado pierde capacidad de compra frente al nuevo precio de la vivienda, poniendo en riesgo el patrimonio familiar y el acceso a una vivienda digna (Marulanda, 2025).

 

No obstante, estos riesgos asociados a la indexación han comenzado a ser abordados mediante políticas de carácter técnico. El Gobierno Nacional ha impulsado procesos de desindexación, desligando cerca de cien bienes, servicios y trámites del salario mínimo y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los hogares. En esta misma línea, la implementación de la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo ajuste en 2024 fue del 9,51 %, por debajo de la inflación registrada (10,15 %), busca evitar que el acceso a derechos y el cumplimiento de obligaciones se conviertan en cargas financieras insostenibles (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2023).

 

 

Conclusiones

 

En definitiva, el incremento de los salarios en Colombia no debe interpretarse como una catástrofe económica inevitablemente ligada a la inflación, sino como un fenómeno multidimensional que, bien gestionado, fortalece la estructura productiva del país. A lo largo de este análisis, se ha demostrado que el salario es solo una fracción del costo total de producción, lo que permite a las empresas absorber incrementos mediante la eficiencia sin trasladarlos necesariamente al precio final. Lejos de ser un lastre, el aumento del poder adquisitivo actúa como un motor de dinamismo económico al impulsar el consumo de los hogares, pilar fundamental del crecimiento del PIB en la historia reciente de la nación.

 

No obstante, la sostenibilidad de esta apuesta depende de la neutralización de riesgos estructurales. Si bien la inflación es un proceso multicausal, la desindexación de la economía surge como la respuesta técnica más efectiva para evitar que el beneficio salarial se diluya. La implementación de la Unidad de Valor Básico (UVB) es un hito en este sentido, al desligar cerca de 100 productos y servicios del incremento del salario mínimo. Al ajustar la UVB con base en el IPC sin alimentos ni regulados “registrando, por ejemplo, un incremento del 9,51% frente a una inflación superior en 2024” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2023, pág. 2) el Estado protege el poder adquisitivo de los hogares en rubros críticos como trámites, sanciones y requisitos de programas sociales.

 

Finalmente, para que el salario mínimo transite definitivamente de ser una “amenaza” a ser una estrategia de equidad, el país debe abordar el reto de la informalidad y el encarecimiento de la vivienda de interés social. La desindexación vía UVB ya ha comenzado a mitigar estos efectos al ajustar los requisitos de ingresos para subsidios estatales de manera más estable. Al final del día, una política salarial robusta, acompañada de inversión y productividad, permite que el dinamismo del consumo se traduzca en una mejor calidad de vida para todos los colombianos, demostrando que es posible buscar la justicia social sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país.

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Referencias

 

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Gutiérrez A, M. C., Campos G., P. M., Martínez R., T., Aguilar F, D., González R., L. F., & Torres L., N. (2025). Inflación desacelera, pero riesgo en indexación salarial persiste. ANIF Centro de Estudios Economicos, 1-3. Obtenido de https://www.anif.com.co/comentarios-economicos-del-dia/inflacion-desacelera-pero-riesgo-en-indexacion-salarial-persiste/

 

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