Colombia, potencia mundial de la vida

 

Por: Daniel Alejandro Cerón

 

Recientemente discutíamos, al interior del Centro de Investigación y Análisis de Mediaciones (CIAM), acerca de cómo podíamos contribuir, desde el desarrollo de la teoría política, a la comprensión de los problemas que atraviesan la realidad colombiana. Propuse que lo que podíamos hacer no era centrarnos en los hechos de la coyuntura –que por graves que sean son siempre pasajeros- sino que fuéramos más allá de ella, centrándonos en la proyección que el gobierno liderado por Gustavo Petro y Francia Márquez habría propuesto para nuestro país. Ocuparse de la coyuntura es enloquecer con el bullicio del aparato massmediático, con la agenda que los grupos de presión construyen para desviar a la opinión pública respecto del interés general, y el resultado es que terminamos por no poner los ojos en eso que para las comunidades, pueblos y ciudadanías colombianas resulta ser de verdadera importancia. El personalismo a ultranza de las representaciones sociales, el enquiste de la corrupción en la estructura clientelar del Estado, el babelismo ideológico de la comunicación social subordinada al mercado de las opiniones, el cinismo de la élite señorial que pretende culpar al Gobierno del Cambio por toda la serie de problemas que ella misma se encargó de cultivar durante los más de dos siglos que estuvo gobernando, entre muchos otros vicios, es lo que afecta a la salud mental, física y social de las personas en la democracia de nuestro país. Tendríamos pues que evitar que nuestra inteligencia teórica quedase atrapada en semejante escándalo, en semejante alboroto, porque lo que debiera interesarle a la teoría política progresista –y a los procesos de formación política en los que ella se haría útil- es estudiar las pautas sistémicas que harían posible la construcción democrática y popular de un mejor país, es decir, las pautas normativas y operativas que permitirían gobernar la transición democrática desde la república señorial heredada de la colonia, hacia la república nacional-popular que nuestros país demanda.

 

Pero, ¿dónde encontramos esa proyección? ¿Dónde hallamos esos fundamentos? Para cualquiera que tenga alguna formación en asuntos políticos y cuya perspectiva no esté cercada por una mentalidad tecnocrática, es claro que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, Potencia Mundial de la Vida (PND, 2022-2026), contiene las claves de una proyección trazada que no está restringida a cuatro años de gobierno, sino que en sus fundamentos nos propone un desarrollo más extendido en el tiempo. Y es que tal planificación del desarrollo, como bien se sabe, requiere de varias generaciones y de varios períodos de gobierno para cumplirse. El cambio, la transformación social en nuestro país, no se hace de la noche a la mañana y cuatro años no son siquiera la mitad de la noche. Entonces, la teoría política progresista está obligada a reparar sobre los fundamentos de ese proyecto trazado y, por supuesto, sobre las mediaciones que en el sistema político colombiano nos es posible aprovechar o establecer a fin de cumplir con lo planeado. Por eso se habla en el documento rector de las políticas públicas de “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida”. En efecto, sentar las bases significa establecer los cimientos sobre los cuales ha de edificarse una construcción inédita, cuya consolidación quedaría necesariamente postergada debido no sólo a la complejidad de las mediaciones que demanda, sino también debido a los enemigos o adversarios que su estructuración e implementación no cesará de encontrar en el camino. Liderar la protección de la vida significa sumar los esfuerzos de la sociedad colombiana, a través de la democracia popular, para que el «Estado Social, Democrático y Ambiental de Derecho» sea una realidad y no sólo un proyecto constitucional ampliado por la ideología del ecologismo postmoderno; una realidad, incluso, que no se limite a ser sólo un proyecto nacional-popular sino que sea, de hecho, una apuesta decisiva de la humanidad.

 

Los discursos críticos que se apuntalan en las epistemologías del Sur, pensando en la crisis de la democracia moderna –que es la crisis de esa democracia corporativa de élites económicas y de redes clientelares que no cesan en sus esfuerzos por privatizar el poder público y mantener bajo secuestro lo común-, han advertido sobre la necesidad de establecer un nuevo contrato social. El PND 2022-2026 propuesto por el Gobierno del Cambio, por el gobierno del Pacto Histórico, quiere superar las injusticias históricas – tanto de orden social como de orden ambiental- que han producido -y hasta cierto punto cristalizado- la exclusión señorial que acompaña al capitalismo dependiente y periférico; busca dejar atrás el agravamiento militarista del conflicto social-armado, la corrosión ecológica del extractivismo propiciado por la economía rentística y el narcotráfico, la subvaloración social del conocimiento y la sobrevaloración de la cultura mafiosa, la proliferación cancerosa de ese ladroneo de corbata que se siente muy cómodo hablando de negocios mientras tranza con el erario. Y aunque estos parecieran ser fenómenos de marca colombiana, la verdad es que en el horizonte abierto por una mirada más amplia, menos parroquial o provinciana, parecen más bien ser fenómenos que se reproducen en todas partes: la pobreza del campesinado es una enfermedad sociocultural y económica de alcance global según la FAO; lo que acontece ahora mismo en suelo palestino por cuenta del fascismo israelí ya cuenta con miles de víctimas civiles según información de la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos de la ONU; los peligros que se ciernen sobre el Valle del Río Congo a causa del valor puesto por el mercado mundial al litio, al níquel y al cobalto, según algunas de las investigaciones realizadas por la Universidad del País Vasco, tienden a agravarse por causa de la depredación extractivista; asimismo, investigaciones procedentes de la Universidad Autónoma de Nayarit muestran cómo avanza la consolidación de la “narcocultura” en México, mientras estudios de percepción desarrollados por organizaciones públicas y privadas como Adecco, IMCO y la OIT revelan una creciente desilusión de las juventudes con respecto a la formación técnica y superior en ese país; finalmente, organizaciones como Transparency International, por ejemplo, han emitido informes acerca de las enormes tramas de corrupción existentes en países tan diversos como Rusia y Ucrania, Sudan del Sur, Brasil y Yemen. Estamos, pues, ante problemáticas que podríamos considerar globales y cuyas soluciones hoy desbordan los marcos propuestos por la democracia liberal moderna. Podríamos decir, incluso, que esas problemáticas son, en buena medida, una consecuencia de los defectos que son constitutivos, que son inherentes a ese tipo de democracia.

 

El PND 2022-2026, en la medida en que propone sentar las bases de un nuevo contrato social para los y las ciudadanas colombianas, conlleva una profunda transformación en la gestión del Estado. No se trata entonces de rehacer la Constitución Política de 1991, sino de garantizar el cumplimiento del proyecto constitucional original –previo a los procesos oligárquicos de contrarreforma- e ir más allá de ello en un proceso abierto de democracia popular. La nueva gestión pública que nos ha sido propuesta presenta varios de los ejes vertebradores que la teoría política progresista debe contribuir a desarrollar:

 

a) El ordenamiento del territorio nacional alrededor del agua y en procura de la justicia ambiental (que contempla, sobre todo, la implementación del Acuerdo de Escazú a través del Sistema de Administración del Territorio –SAT-);

 

b) La promoción de la seguridad humana a través de un compromiso auténtico de la gestión pública con la justicia social (que contempla la necesidad de implementar un Sistema Nacional de Igualdad y Equidad –SNIE-, así como de fortalecer la Economía Popular y Comunitaria –EPC-)

 

c) La promoción del Derecho Humano a la Alimentación garantizando, a través de la intervención pública, la disponibilidad, el acceso y la adecuación de los alimentos (lo que contempla como necesidad el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y otros sistemas territoriales de innovación);

 

d) El agenciamiento de una transformación radical del aparato productivo de que apunte hacia la internacionalización del proceso de gestión y hacia el afianzamiento de la acción climática (contemplando así la revitalización y la resiliencia de los ecosistemas en la perspectiva de una innovación bioeconómica de nuestras capacidades tecnológicas);

 

e) Agenciando también la articulación política de los territorios en clave de una convergencia regional que, a través de una intensificación de la participación democrática, sea capaz de reordenar el proceso de desarrollo equilibrando las relaciones entre urbanidad y ruralidad; la apuesta por la consolidación de una Paz total e integral que facilite la desmovilización de los grupos ilegales alzados en armas (considerando que este es un paso necesario para avanzar en la reconciliación nacional y para avanzar, simultáneamente, en el desmantelamiento de las redes del narcotráfico que se nutren del conflicto armado);

 

f) Un reconocimiento diferenciado, redistributivo y participativo de los actores del cambio que dé a la niñez, a las mujeres, a las juventudes, a los pueblos y comunidades étnicas, a las víctimas, a las personas con discapacidad, a las y los trabajadores así como también al campesinado las condiciones de existencia que precisan para el cumplimiento de sus derechos; y, finalmente, los medios de política pública para garantizar una estabilidad macroeconómica que contempla variables de crecimiento, de equilibrio fiscal y de acción institucional que se reparten tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional.

 

En resumen, cada uno de estos ejes vertebradores debe ser desagregado y analizado en términos de sus condiciones de posibilidad; pero no tanto en la perspectiva de un plan cuatrienal de implementación, sino en la perspectiva de un proyecto político que no sea simplemente el compilado de una preciosa declaración de intenciones, sino también un complejo articulado de acciones gubernamentales que permitan dirigir, en los términos de una hegemonía progresista, un proceso de desarrollo organizado sobre nuevas bases, un modelo de gestión pública planteado para nuevas metas, y una transición democrática dirigida hacia la construcción de una forma-de-vida social y ambientalmente justa para todas las comunidades, pueblos y ciudadanías de la nación.

 

Rehacer el contrato social en la perspectiva de una justicia socioambiental (que es, quizá, lo que en el fondo nos propone el PND 2022-2026) es transformar a la sociedad colombiana desde su raíz: es volver a sentar las bases de nuestras relaciones interpersonales, las bases de nuestra vida colectiva como ciudadanías, como pueblos y comunidades; es reactivar la democratización de la vida pública más allá de la imaginación liberal y en contra del atrabiliario conservadurismo que se apuntala en las jerarquías y privilegios coloniales. Rehacer el contrato social hoy es también replantear las bases de nuestras relaciones como seres humanos con la naturaleza apuntando hacia el cumplimiento de nuestras responsabilidades frente al cuidado de la vida común. Rehacer el contrato social es, en última instancia, aprender a gobernar la vida común, a sabiendas de que cualquier liderazgo o cualquier gestión que navegue en esa dirección necesitará una hoja de ruta bien trazada, unos fundamentos bien esclarecidos que posibiliten su continua socialización y cooperación, y un corazón insobornable que le será indispensable a cualquiera que pretenda -amparado por la razón aunque no siempre por el poder- sortear los obstáculos que suelen imponerse a la democratización de Colombia echando por tierra nuestras esperanzas de cambio. A mi juicio, el PND 2022-2026 contiene, aunque no todas, varias de las claves que hoy necesitamos para ir avanzando en la construcción democrática y popular de un mejor país a través de nuevas políticas públicas, es decir, a través de los instrumentos que conectan, de manera reflexiva y procesual, a la Sociedad con el Estado; para ir avanzando, desde abajo y sobre las bases de un poder popular bien organizado, hacia la transformación de Colombia en una potencia mundial de la vida.

 

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